El mandato de las casi imposibles urnas y de la calle es muy claro: la población catalana se ha movilizado mayoritariamente para defender su derecho a decidir democráticamente su propio destino, contra la prohibición y la represión de la monarquía española.
Pero la pregunta tenía su trampa. La única elección posible para votar contra la monarquía franquista forzaba a elegir “independencia” sin más matiz, sin más posibilidad de opinar sobre qué república y qué relación inmediata y futura mantener con los otros pueblos actualmente súbditos del Borbón.
El 27 de octubre, fue finalmente “un poco proclamada” la República Catalana independiente y soberana por la mayoría del parlamento. Esta mayoría estaba constituida por dos coaliciones, Junts pel Sí -dominada por dos partidos burgueses (PDeCAT y ERC)- y CUP-CC -con gran simpatía entre la juventud, asentada en la pequeña burguesía radical y con el apoyo de varias organizaciones que se reclaman del anticapitalismo y el socialismo-. Su peso electoral respectivo fue en 2015: 39,60% y 8,2%.
Entre el 1-O, día del referéndum, i el 27 de octubre, ha habido un larguísimo lapso de tiempo en el que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigemont (PdeCAT), ha maniobrado hasta el ultimo instante para evitar finalizar el camino marcado en el parlamento entre Junts pel Sí i CUP-CC. Y mientras pasaba el tiempo, dejaba enfriar la impresionante movilización de masas que durante cuatro días (del 30 de septiembre al 3 de octubre) invadieron escuelas, plazas y calles, para defender su derecho a votar y, habiendo ya votado, para defender el recuento del resultado.
La burguesía republicana e independentista que nunca lo fue
Las maniobras, dudas, oscurantismo, retrasos injustificados, pactos secretos, traiciones, etc, han sido la tónica de toda la acción política burguesa independentista de cara a las masas arrastradas bajo su bandera. En este proceso, el viejo partido CiU ha muerto quebrado económicamente, escindido y envuelto en numerosos procesos de corrupción a gran escala… y ha resucitado como PDeCAT. En una huida hacia delante a la desesperada para evitar su propia desaparición, el gran partido de la burguesía catalana, que ha convivido felizmente con la Monarquía y con todo tipo de gobiernos, ha sabido tomar las riendas del poderoso sentimiento de opresión nacional, reforzado por los numerosos agravios insultantemente anticatalanes de los últimos gobiernos del PP.
El resultado es contradictorio: si bien el PDeCAT, de momento, ha salido relativamente bien parado de la mayor crisis política interna que ha tenido la burguesía catalana desde la muerte de Franco, el precio ha sido ir mucho más lejos de lo que jamás se había planteado en su reivindicación nacionalista.
El 27 de octubre, Carles Puigdemont, a la cabeza de Junts pel Sí, tuvo que tomar finalmente una decisión. Estaba atrapado entre el compromiso formal de respetar el resultado del referéndum y la propia dinámica del fracaso de sus negociaciones secretas con el gobierno Rajoy para desactivar el peligroso juego del “procés constituent” (proceso constituyente). El 26 de octubre la traición a su propia hoja de ruta ya estaba servida, la disolución del parlamento rebelde y la convocatoria de nuevas elecciones, pactados. El gabinete de Presidencia de la Generalitat lo pre-anunció y se publicó en todos los medios. Pero a última hora no pudo o no quiso o (lo más probable) no consiguió todas las condiciones que deseaba para ser el enterrador directo y se vio obligado a proclamar con la boca pequeña la República Catalana en un parlamento rodeado por miles de manifestantes que lo exigían. Proclamación hecha en el aire, sin ningún tipo de instrumento para hacerla real, sin ningún llamado a la intervención de las masas para imponerla, con sus líderes preparando las maletas para huir del país.
El seguidismo de la pequeña burguesía independentista
Desde el momento de su aparición parlamentaria en 2012 hasta el día el día de hoy, la CUP-CC (8% de los votos) – con lenguaje «anticapitalista» y puños en alto – no ha hecho más que seguidismo del bloque burgués: su voto fue determinante para la constitución de un nuevo gobierno burgués en Cataluña, idéntico a todos los anteriores a excepción de la promesa de realización de un referéndum de autodeterminación. El voto parlamentario de la CUP-CC, una y otra vez, ha sido la razón por la que se ha sostenido el gobierno catalán (apoyo a los Presupuestos de siempre a cambio de migajas miserables en servicios sociales) y, aún más, su voto ha sido necesario para aprobar en el parlamento catalán la Ley de Transitoriedad, por la cual la burguesía catalana se ha querido garantizar a sí misma – y a sus compañeros de clase del Estado Español y del mundo- que todas las leyes españolas vigentes, todo el entramado jurídico antiobrero, todos los contratos comerciales, todos los compromisos internacionales, toda la deuda, etc, serían respetadas mientras “la nueva república desarrolle las suyas propias”.
La dirección de la CUP se ha dedicado a esconder a las masas la cruda realidad de que sus aliados burgueses no conocen más intereses que los suyos, que para ellos la reivindicación nacional, incluso cuando la radicalizan, no es más que un instrumento de negociación para incrementar su parte del pastel. Lo ocultan, pero lo saben, porque con la aprobación de la Ley de Transitoriedad, el seguidismo dió un paso más adelante: por si acaso finalmente hubiera una “nueva república”, con la ley aprobada se garantiza que, para empezar, no se pondrá en cuestión ni un punto ni una coma de las bases económicas, sociales y políticas de la actual dominación del capital sobre la clase trabajadora.
En resumen: la CUP ha sido el florón rojo del camino sin salida hacia algo que ninguna de las dos clases sociales principales necesita: una República burguesa catalana.
El Estado Español
El gobierno encargado de la represión contra el pueblo catalán es uno de los más débiles de los últimos cuarenta años. Tras dos elecciones generales en el plazo de seis meses, el PP sólo consiguió la investidura de Rajoy gracias a la abstención de la mayoría de diputados del PSOE, lo que a su vez generó una crisis profunda en este partido, de la que todavía está reponiéndose.
El gobierno español está en manos de un partido que tiene el palmarés de la corrupción en Europa. El PP está inmerso en tal cantidad de procesos judiciales por corrupción que tiene 900 cargos y excargos imputados. Es el primer partido que ha sido imputado como tal, por la destrucción de pruebas determinantes (discos duros) en el caso Bárcenas, un caso que ha puesto a la vista los enormes ingresos ilegales (caja B) que se han manejado desde su tesorería general. El presidente del gobierno, milagrosamente, no está imputado, pero ha tenido que declarar ante el juez y su nombre aparece como receptor de sobres de dinero de esa caja B. Rajoy dice que “los catalanes hacen cosas”. Pero lo cierto es que en la España de los borbones “pasan cosas”. Por ejemplo, que prácticamente nunca los procesos de corrupción acaben con condenas efectivas, que los jueces y fiscales sean relevados a gusto de los imputados, que los juzgados se incendien, que la mortalidad entre los testigos de los casos de corrupción se dispare….
En pleno desarrollo del desafío independentista catalán (como lo llama la prensa española), para conseguir que se aprobaran los Presupuestos del Estado de 2017, el gobierno minoritario del PP necesitó y compró la vergonzosa colaboración del Partido Nacionalista Vasco (PNV), rebajando el cupo anual a pagar por Euskadi al Estado. A fecha de hoy el cupo vasco ha vuelto a ser rebajado, pero los Presupuestos de 2018 no están aprobados ni se espera que lo sean pronto, porque la movilización vasca de solidaridad contra la represión en Cataluña no le ha permitido al PNV repetir la jugada.
Gracias a las garantías parlamentarias del PSOE y el PNV Rajoy ha disfrutado todo el tiempo de manos libres para criminalizar el referéndum e impedir cualquier posible negociación con la Generalitat catalana. Las únicas respuestas que ha ofrecido han sido la asfixia financiera, la inusitada represión policial y finalmente el art. 155 de la Constitución, mediante el cual ha disuelto manu militari un Parlamento democráticamente elegido por los catalanes, ha convertido la administración autonómica en una simple delegación ministerial de Madrid y ha convocado nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
La celebración de un referéndum en condiciones de libertad habría tenido que ser un acto democrático como los que sí han podido llevarse a cabo sin grandes histerias en otros países más civilizados (Quebec en Canadá o Escocia en Reino Unido). Pero en manos de los gestores de la monarquía heredera de la España Una, Grande y Libre, la reivindicación y la decisión de celebrar la consulta ha tenido como respuesta del Estado la ocupación de Cataluña con miles de agentes armados de la policía y la Guardia Civil, más de 1000 heridos en las cargas policiales del 1 de octubre, centenares de manifestantes pendientes de multas y juicios, el Presidente de la Generalitat y la mitad de su gobierno en el exilio, conocidos dirigentes independentistas y el otro medio gobierno en la cárcel, censura en la televisión pública, persecución de los maestros…
Y todo ello ha podido ocurrir gracias a la colaboración del PSOE sin la cual el gobierno Rajoy ni existiría ni podría sostenerse un solo día. El actual Pedro Sánchez ya no recuerda el golpe de mano interno que le destituyó hace un año por negarse a facilitar un nuevo gobierno del PP. Ni sus afirmaciones de que jamás votaría a favor de aplicar el art. 155 de la Constitución contra la autonomía de Cataluña. Ahora cumple cabalmente con su función de mantener a flote el ya demasiado viejo y corrupto Estado Español explicando a sus militantes que lo hace porque “somos una oposición de Estado” que “vigila” para que haya “una aplicación comedida” del arsenal represivo contra Cataluña.
La clase obrera
Hasta unas pocas semanas previas al referéndum, la clase obrera catalana se ha mantenido totalmente a la expectativa. Su participación en las grandes movilizaciones independentistas ha sido parcial y disuelta como “pueblo” bajo la dirección de la burguesía. Esta misma disolución se ha dado de manera general en los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), que han sido la organización de masas que ha tomado en sus manos la organización clandestina y efectiva del referéndum, en unas condiciones semejantes a las de un estado de excepción (detenciones, registros, intervenciones de la policía y la guardia civil en empresas, dependencias administrativas y domicilios). Con sus altos y bajos y su composición variable dependiendo del barrio o localidad, los CDR (hoy transformados en Comités de Defensa de la República) han organizado la rabia creciente contra la represión proveniente de Madrid y ha sido un intrumento clave en la radicalización del proceso.
La primera vez que la clase obrera ha intervenido como tal, con sus propios instrumentos de acción, ha sido en los días previos al referéndum, cuando las asambleas de estibadores de los puertos de Barcelona y Tarragona aprobaron no dar servicio a los barcos enviados por el gobierno de Madrid para alojar los efectivos de refuerzo de la Guardia Civil, enviados para impedir el referéndum. El siguiente hito de intervención independiente como clase, ahora ya a escala de todo el territorio, fue la convocatoria y el desarrollo de la Huelga General del 3 de octubre.
Hasta los días previos al referéndum, una fracción importante de la clase se ha mostrado absolutamente indiferente a la reivindicación nacional liderada por los mismos que han gobernado la Generalitat, aplicado los grandes recortes sociales, privatizado los servicios públicos, enviado a los mossos de esquadra contra las protestas sociales y robado a manos llenas. Montadas en esta sana desconfianza, la direcciones de las federaciones sindicales de UGT y CCOO, mayoritarias pero débiles y muy desprestigiadas, han dado la espalda a la defensa del derecho de autodeterminación -que en viejos tiempos formó parte de su programa- y dejado manos libres al Estado Español para reprimir y a la burguesía catalana para que lo lidere a su beneficio.
Mención aparte merece la federación catalana de CGT, sindicato de un anarcosindicalismo descafeinado, cuyo peso en el seno de la clase obrera catalana es ya importante y parece que en continuo aumento. La ideología anarquista particular de la dirección de este sindicato, que insiste constantemente en defender la independencia de clase, le permite participar en los comités de empresa regulados por el estado, pero le impide defender sin ambages el derecho de los pueblos (en concreto el catalán) a su autodeterminación. No obstante, CGT no ha podido eludir la enorme presión de sus bases ante el cariz represivo de los acontecimientos y días antes del referéndum convocó -junto a otros pequeños sindicatos catalanes: COS-IAC-CSC-CNT una Huelga General “a partir del 3 de octubre”. La convocatoria generó tal entusiasmo que a última hora CCOO y UGT se “sumaron” para intentar convertirla en un “paro de país” de un solo día y sin contenido de clase, asumido hábilmente por la propia Generalitat. Lo cierto es que el día 3, a la llamada de sindicatos de clase, la huelga era un inmenso grito antirrepresivo en Cataluña… que fue acallado a última hora, cuando la dirección de CGT unilateralmente y sin explicaciones desconvocó la continuación en días posteriores.
Por otra parte, en Cataluña, de los dos grandes partidos obreros tradicionales (PSC-PSOE y PSUC-PCE) sólo el primero continua interviniendo en la escena política. El PSC tiene una débil relación con la clase obrera, centrada prácticamente en el terreno electoral (entre el 12 y el 16% de los votos en los últimos años, la mitad de los que obtenía en la década anterior). En su interior tiene una importante componente federalista que de vez en cuando defiende públicamente el derecho a la autodeterminación. Esta naturaleza es lo que le permite hacer un dubitativo papel de puente entre el españolismo monárquico de la dirección del PSOE y el “catalanismo”, aunque siempre y en todo caso acaba plegado a Madrid.
Los últimos detritos del viejo PSUC, varios grupos ecologistas y la filial de Podemos mantienen una coalición llamada “Catalunya sí que es pot” (8,15% de los votos en 2015) que actualmente detenta la alcaldía de Barcelona. Esta coalición pequeñoburguesa se presentó a las elecciones con la consigna de República Catalana. Sus representantes han mantenido un perfil completamente plano, adaptado a la gestión burguesa de la gran metrópoli y, a medida que se desarrollaban los acontecimientos, han ido reculando en su reivindicación republicana, hasta votar abiertamente en contra de su propio programa el 27 de octubre, en el parlamento catalán. “Catalunya sí que es pot” ha jugado al sí, al no, al negociemos, al no sé, al votemos pero solo cuando nos deje Madrid, para acabar siendo el primer naufragio político catalán: su líder Albano Dante Fachín ha sido expulsado sin contemplaciones por Pablo Iglesias, acusándolo de votar a favor de la proclamación de la República Catalana. La marca regional de Podemos se ha roto de arriba a abajo. Iglesias ha intentado aplicar un art. 155 en su interior, disolviendo la dirección y convocando una nueva elección, pero el resultado ha sido la ruptura y la formación de una nueva organización. Aún así, la guerra continúa abierta entre los que no han abandonado, hasta el punto de que al menos diez círculos locales de la provincia de Barcelona han aprobado en asamblea no participar en la actual campaña electoral.
La convocatoria de elecciones y el desmoronamiento del frente político independentista
El día 30 de octubre fue el día de la verdad. No fue casualidad que el viernes 27 de octubre nadie saliera al balcón a proclamar la República, ni nadie ordenara arriar las banderas de España del Palacio del Parlament, que no se publicara la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. El primer día laborable se desveló el pastel: PDeCAT y ERC aceptaban participar en unas elecciones cuyo único objetivo era desmovilizar a las masas y humillar a Cataluña en un contexto de fuerte represión policial. Los mossos se sometían sin más al cambio de mandos, la administración autonómica se convertía en un virreino… Los cinco años que PDeCAT y ERC se habían tomado para “preparar las estructuras de la República” eran un timo. No había absolutamente nada preparado. Era todo un farol. El desconcierto se apoderó de todos los que habían llegado a creer que detrás del secretismo en la actuación de Junts pel Sí había algo diferente a la traición. La CUP, toda la Izquierda Independentista (Endavant, Arran, COS) que les había seguido el juego, quedaron sin palabras, pero no por ello menos expuestos a la represión y las provocaciones fascistas. El sentimiento de traición era generalizado.
El único foro estrictamente de clase que había funcionado hasta ese momento, la mesa de sindicatos que convocó la huelga general del 3 de octubre (CGT-COS-IAC-CSC-CNT), también se dislocó. La IAC, pese al acuerdo de actuar en bloque con todos los demás, decidió sin previo aviso la convocatoria unilateral de una nueva jornada de huelga el 8 de noviembre. Sabiendo que su capacidad de movilización le impedía garantizar un resultado digno, esa convocatoria bloqueó la posibilidad de organizar una auténtica huelga general indefinida contra la represión española. Ni el gobierno de Rajoy ni el frente burgués PDeCAT-ERC podían recibir mejor regalo. La clase obrera organizada no molestaría interviniendo masivamente con sus propios métodos, incorporando a las reivindicaciones democráticas sus propias reivindicaciones de clase. Evitada la huelga, la vuelta al corral monárquico ya puede hacerse con movilizaciones “populares” controladas que permitan unos mejores términos de negociación sin más interferencias.
La CUP no hace balance de la debacle
El 12 de noviembre, una Asamblea Nacional extraordinaria de la CUP declaraba ilegítimos los comicios convocados por Madrid pero aprobaba participar con candidatura diferenciada, dado que sus aliados independentistas se habían sometido al art. 155, incluso con cierto entusiasmo electoral. La Ponencia Política aprobada, que ha servido de base para el programa electoral del 21D, es todo un encaje de bolillos donde se puede leer una cosa y su contraria pero nada que explique el auténtico papel jugado por los parlamentarios de la CUP, la razón por la que han quedado tan expuestos a la traición de lo que llaman “el resto de fuerzas políticas democráticas y republicanas” (PDeCAT y ERC), cuando nada diferente de lo ocurrido era esperable.
En ambos documentos, la CUP centra su objetivo en una Asamblea Constituyente, la “defensa de la República del 1 de octubre” y la resistencia a la represión. Todo lo demás queda subordinado a ellos. Se incluyen algunas reivindicaciones de la clase trabajadora para “dar contenido” y “construir desde abajo” la República. Pero una República existe o no existe. Es una forma de Estado, de poder. En manos de una clase u otra. Tras la debacle del “procesismo”, tras la dilapidación de la gran fuerza y decisión que las masas han mostrado, los dirigentes de la CUP envían a su gente a entretenerse y jugar a “construir” una república de muñecas “desde abajo”. Mientras tanto, los “mayores” seguirán con sus cosas importantes y buscarán la reconstrucción del frente republicano en el que tan a gusto se han encontrado. En sus puntos 85 y 86, el Programa de la CUP lo deja claro: se postulan a formar parte de “un gobierno republicano” con un programa de 12 puntos perfectamente burgués, exactamente en la misma línea política que les ha llevado al impasse actual.
Estamos ante un nuevo partido reformista, asentado en la colaboración de clases, aunque sin implantación entre los trabajadores.
El programa de un partido revolucionario internacionalista
Las elecciones del 21 de diciembre forman parte del paquete represivo excepcional contra el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y deberían haber sido boicoteadas. En estas circunstancias, sea cual sea el resultado nada importante van a cambiar. Porque no hay actualmente en Cataluña, como no lo hay en ninguna de las otras nacionalidades ni en el conjunto del Estado Español, ninguna organización obrera con capacidad de influir en los acontecimientos que, desde posiciones claras de independencia y defensa de los intereses de clase, tome también como propia la reivindicación democrática del derecho a la libre disposición de los pueblos encerrados en la prisión de la monarquía heredada de Franco. Eso sólo lo hará un auténtico partido obrero revolucionario, organizado en una internacional obrera revolucionara, que debe ser construido.
Un partido así luchará por la organización de la clase en base a la democracia obrera, en comités de fábrica, de centro de trabajo, de centro de estudio o de barrio obrero, por unificar fuerzas partiendo de nuestras auténticas reivindicaciones, por la fraternidad de clase contra su enemigo, independientemente de la nacionalidad o de las fronteras.
Un partido así explicaría, especialmente a los jóvenes deslumbrados por las movilizaciones y decepcionados por el resultado, que el objetivo de “independencia” o de “república independiente” como lo plantean las organizaciones de la Izquierda Independentista no tiene ningún sentido específicamente positivo para la clase obrera, que de quien se tiene que independizar es de la burguesía explotadora, sea cual sea la lengua que hable. Pero también explicaría que sólo un proletariado potente, organizado y en lucha por acabar con la sociedad capitalista podrá garantizar que Cataluña se autodetermine democráticamente y en paz, con todas las opciones a debate: la separación total o recreando nuevos lazos en pie de igualdad.
Un partido así explicará a los trabajadores que la defensa contra las medidas represivas que el gobierno de la Monarquía desarrolla Cataluña es una tarea no sólo de las masas catalanas, sino de toda la clase obrera del Estado Español, sin cuya solidaridad acabarán una vez más humilladas y engañadas por sus dirigentes nacionalistas, como ha ocurrido hasta el día de hoy.
Contra la represión:
- Fuera las fuerzas de ocupación de Cataluña.
- Libertad inmediata y sin cargos para los presos políticos y los luchadores sociales. Derogación de todas las leyes represivas especiales. Desmantelamiento de la Audiencia Nacional. Disolución de los cuerpos represivos, incluidos los mossos y la erzaintza,
- Constitución de comités antirrepresivos en centros de trabajo, estudio y barrios obreros.
- Organización de la solidaridad de la clase obrera del Estado Español y de Europa para echar abajo todas las medidas represivas de la Monarquía contra Cataluña.
Frente a la “unidad nacional” con la burguesía, en Cataluña o en el Estado Español,
unidad de la clase para satisfacer las necesidades inmediatas de las masas
Un partido revolucionario plantearía las más urgentes reivindicaciones, las que deberían ser la base de un frente clase, que agrupara para la lucha inmediata a todas las organizaciones dispuestas a defender a los trabajadores alrededor de las siguientes medidas de
un Programa obrero:
- Trabajo o subsidio para todos y todas. Reducción de la jornada sin reducción de salario hasta acabar con el paro.
- Ni un ataque más a nuestros salarios, a los derechos sociales y laborales. Recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.
- Derogación del pensionazo y las reformas laborales. Salario mínimo interprofesional de 1.500€, al nivel de Francia, Bélgica o Irlanda. Ni un salario por debajo del mínimo interprofesional. Ni un contrato basura más. Ni un día más de discriminación salarial contra las mujeres.
- Garantía pública de vivienda barata y de calidad para todos! ¡Ni un desalojo más! Congelación inmediata de los alquileres al nivel anterior a la burbuja inmobiliaria. Derogación de la Ley hipotecaria! Municipalización del suelo urbano. Expropiación de los grandes tenedores de viviendas para entregarlas a la disposición de las familias trabajadoras.
- Recuperación de la independencia sindical respecto al Estado y la patronal.
- Legalización de todos los inmigrantes. Derogación de la Ley de Extranjería. Cierre inmediato de los Centros de Retención e Internamiento de Extranjeros (CIES). Apertura de fronteras a todos los trabajadores. Derechos iguales para todos los trabajadores y trabajadoras.
- Defensa de la sanidad universal pública, de calidad y gratuita a todos los niveles. Fuera manos privadas de la explotación y gestión de la sanidad pública.
- Enseñanza universal publica, laica, de calidad y gratuita a todos los niveles.
- Ni un euro de los presupuestos públicos para ninguna confesión religiosa ni para la enseñanza privada. Fuera la enseñanza de la religión de las escuelas.
- Sistema fiscal basado en los impuestos directos y progresivos que haga recaer el grueso de los ingresos sobre las rentas de los capitalistas.
- Nacionalización de la banca bajo control obrero, sin indemnización ni reventa. Anulación de la deuda externa.
- Nacionalización bajo control obrero, sin indemnización ni reventa, de las grandes empresas de la energía, el transporte, las telecomunicaciones.
- Control obrero para evitar las fugas de empresas, sedes sociales y capitales.
- Vuelta inmediata de todas las tropas españolas en el extranjero. No más intervenciones imperialistas.
Por Gobiernos Obreros fraternales, en Cataluña y en todo el Estado, que pongan en marcha este programa y todos los medios necesarios para iniciar la planificación de la economía de acuerdo con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
¡Por la República Catalana Obrera! ¡
¡Por la libre Federación de Repúblicas Obreras y Socialistas de la Península Ibérica!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
19 de diciembre de 2017
